El martes la Comisión Europea se pronunció sobre la Ley contra la Morosidad española, aprobada el mes pasado. En ella, como ya vimos, se habla de ser más estrictos con los plazos de los pagos en el sector público y por lo tanto en Europa han dado su beneplácito a dicha norma, ya que entiende que las empresas pequeñas y medianas están más protegidas.
La Comisión Europea afirma que la ley española protege mejor que la normativa europea sobre el mismo asunto, ya que establece plazos más estrictos para el pago de las facturas por parte del sector público y las grandes compañías y contempla menos excepciones. El Parlamento Europeo ha examinado este martes la queja presentada por José María Carrasco en nombre de 600.000 pequeñas y medianas empresas del sector de la construcción afectadas por impagos. Pese al veredicto positivo del Ejecutivo comunitario, la comisión de Peticiones ha decidido mantener abierta la denuncia contra España para verificar que la nueva norma se aplica correctamente.
España “se ha adelantado” a la UE porque su legislación antimorosidad, aprobada antes del verano, va “muchísimo más allá” de lo que exige la normativa europea en cuanto a plazos, según ha explicado la representante de la Comisión a los parlamentarios. Para las transacciones comerciales entre autoridades públicas y empresas fija un plazo de pago de 30 días, mientras que para las operaciones entre empresas el tope es de 60 días improrrogables.
En cambio, la nueva directiva de la UE fija un plazo único de 30 días pero prevé excepciones tanto para el sector público como para el privado. La representante de la Comisión ha recordado que Bruselas ya denunció a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) por considerar que la anterior normativa nacional fijaba plazos excesivamente largos para cobrar. Sin embargo, el Tribunal dio la razón al Gobierno porque la directiva europea todavía vigente no armoniza los plazos.
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