Llevábamos una temporada hablando de ella y ayer por fin se aprobó la reforma de la Ley de Morosidad tras incorporar las enmiendas del Senado. Por lo tanto, a partir de ahroa las empresas disponen de un plazo máximo de 60 días para pagar a sus proveedores mientras que las administraciones públicas lo tendrán que hacer en 30, aunque habrá un “periodo de adaptación” hasta 2013.
La nueva Ley elimina la posibilidad de que las empresas negocien plazos superiores de pago a los fijados por la ley, el conocido como “pacto en contrario” con el voto en contra del PSOE.
El periodo transitorio para que las administraciones públicas reduzcan su límite de plazo se extiende hasta 2013, con una escala de 50 días para este año, 50 para 2011, 45 para 2012 y 30 días desde el uno de enero de 2013.
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