Ayer se aprobó en el Senado un paquete de enmiendas sobre la Ley de Morosidad que cambian aspectos especialmente sobre una moratoria que afecta a las empresas del sector de la construcción para que se adapten a los plazos.
Las constructoras de obra pública podrán contar con un periodo de dos años para rebajar hasta sesenta días el plazo máximo de pago de facturas a sus subcontratistas y proveedores, que actualmente supera los cien días. Estas empresas podrán pagar a 120 días desde la entrada en vigor de la ley hasta el 31 de diciembre de 2011 y en el año siguiente este plazo deberá rebajarse a 90 días, para dejarlo definitivamente en los 60 días para el 2013.
Estas enmiendas a la Ley buscan, según el Gobierno, favorecer el acceso de las PYMES y los autónomos a sus cobros en el menor tiempo posible, así que habrá que ver cómo se aplica.
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